Hace unos días se dio a conocer que la
empresa Apple estaba siendo demandada en Estados Unidos, mediante una acción
colectiva, dado que intencionalmente estaba provocando que los iPhone de
modelos anteriores, se hicieran lentos.
Desde hace años se rumora que cuando sale
al mercado un nuevo iPhone, los modelos pasados se hacen lentos, al parecer,
Apple lo hace con la finalidad de forzar a que se compre el iPhone más
reciente.
Pues bien, Apple admitió hace unos días
que sí estaba provocando que los modelos anteriores (iPhone 6, iPhone 6S,
iPhone SE, y iPhone 7) redujeran su velocidad, pero adujo en su defensa que lo hace con la finalidad de que los iPhone con
baterías viejas no se apaguen repentinamente. Explicó que, después de cierto
tiempo, las baterías ya no funcionan de forma óptima, lo cual provoca apagones
inesperados, por lo que, al ralentizarlos, los teléfonos podrán seguir
funcionando sin que se mueran inesperadamente.
Dicha declaración provocó que se
presentara una acción colectiva en el Estado de California, donde un grupo de
consumidores argumenta que Apple nunca solicitó su consentimiento para manipular
la forma en que operan estos dispositivos móviles, mucho menos para reducir su
eficacia. También argumentan que la incapacidad de las baterías para soportar
la velocidad del procesador es un defecto que Apple enmascaró, en lugar de
repararlo, enviando gratuitamente a los usuarios nuevas baterías. Otro de los
argumentos es que al hacerse lento el iPhone sin causa aparente, se obligó a
muchos a comprar un teléfono móvil nuevo, cuando la verdadera causa del
problema se pudo haber resuelto mediante un cambio de batería.
¿Puede Apple ser demandada en México mediante una
acción colectiva?
Sí, ya es posible. Sin embargo, a
diferencia de Estados Unidos, donde existe una robusta legislación y
jurisprudencia sobre acciones colectivas, en México apenas vamos empezando,
pues fueron introducidas en 2010 y son pocos los juicios y precedentes que se
han generado.
¿Qué es una acción colectiva?
Las acciones colectivas
son un instrumento legal para proteger en un solo juicio a grupos de personas
contra las empresas que abusen de sus derechos y se hace por medio de un juicio
ante el Poder Judicial Federal. Busca que los proveedores dejen de realizar
prácticas abusivas hacia los consumidores y que subsanen los daños. Este tipo
de acciones se promueven por un representante de un grupo de individuos, en
defensa de sus intereses comunes.
Una acción colectiva tiene como objeto
concentrar en un solo juicio todos los posibles reclamos en contra de la misma
empresa. Se inicia cuando un grupo de afectados, mínimo 30, presenta una
demanda, y este grupo representará a toda la clase afectada, es decir, a todos
aquellos que también fueron perjudicados, aun y cuando no hayan formado parte
de la demanda.
Por ejemplo, si un grupo presentará una
acción colectiva en contra de Apple, alegando que fueron afectados por que sus iPhone fueron
injustamente afectados por la propia empresa, y obtienen sentencia favorable o
llegan a un convenio con la empresa, todos los afectados en México por la
lentitud de sus iPhone también serán
beneficiados o compensados, pues fueron representados por ese grupo inicial.
Como se puede observar, en lugar que cada
uno de los afectados presente una demanda individual, mediante la acción
colectiva se representa a todos los afectados, aun y cuando no hayan participado
en el juicio, lo cual, además de simplificar el trámite, reduce los costos.
Las acciones colectivas no solo se pueden
usar para demandar incumplimientos o daños derivados de relaciones de comercio,
sino que también sirven para proteger otro tipo de derechos, como afectaciones
al medio ambiente o servicios financieros. Por ejemplo, actualmente se tramita
en México una acción colectiva en contra de British Petroleum, promovida por
los pescadores afectados por el derrame de cinco millones de barriles de crudo
en el Golfo de México, que se dio en abril de 2010.
En conclusión, las acciones colectivas
resultan ser un instrumento muy benéfico para los ciudadanos, pues les permite
reclamar todo tipo de violaciones a sus derechos de consumidor, financieros o
ambientales, facilitan el acceso a la justicia, se reducen los costos del
trámite procesal, y la sentencia que se dicte abarca a todos los afectados.
