Autor
Luis Fernando Savín González
A raíz de la
censura de las cuentas de Twitter y Facebook del ex presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump, el senador Ricardo Monreal, jefe de la bancada de MORENA
en el senado, presentó una iniciativa en la que se pretende regular las redes
sociales en México[1]:
Su justificación
es que las redes sociales se han convertido en un recurso democrático, ya que los
ciudadanos ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión a través de
ellas. Argumenta que existe el problema que las mismas plataformas son las que
regulan sus términos y condiciones, teniendo facultad para suspender o cancelar
cuentas arbitrariamente. Esto ocasiona que ellas decidan qué grado de
protección tendrán los usuarios en el ejercicio de su derecho de la libertad de
expresión, no obstante que el Estado es el encargado de garantizar ese derecho.
A continuación, les
explicamos lo que esta iniciativa propone:
1. Las redes sociales
relevantes (que cuentan con más de 1 millón de usuarios como Facebook, Twitter,
Instagram, etc.) tendrán que solicitar autorización para prestar el servicio de
red social al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto implica que dicho
organismo autónomo, tras un análisis, tendrá la facultad de decidir qué
plataforma podrá prestar su servicio en nuestro país.
2. Solamente se podrá
eliminar contenido y cancelar o suspender cuentas que difundan mensajes de
odio, afecten derechos de terceros, ataquen a la moral, propaguen noticias
falsas, releven datos personales, afecten a los derechos de menores de edad o
provoquen algún delito.
Sobre este
punto, es importante resaltar que el proyecto de reforma resulta ambiguo, y de
aprobarse, se ocasionaría un grave riesgo para el ejercicio de la libertad de
expresión, pues no se establece como se determinará que noticias son falsas o
en qué supuestos se está atacando a la moral.
3. En caso de que suspendan/cancelen
una cuenta o se eliminen contenidos, la plataforma deberá contar con un
procedimiento interno de impugnación para que el usuario exprese su
inconformidad. La red social digital deberá resolver en menos de 24 horas (en
caso de cancelación de cuenta, deberán resolver personal especializado en
derechos humanos y libertad de expresión).
Si la plataforma
no resuelve en dicho término, se puede presentar una queja ante el IFT, que
tendrá la facultad de sancionar, en caso que se declare responsable a la red
social digital, multas de hasta 1 millón de UMAs (más de 89 millones de pesos).
Si no se está conforme con la resolución del organismo autónomo, procederá el
juicio de amparo.
Conclusión.
La iniciativa se enfoca a que el IFT determine a quién se censura en
las redes sociales. No atiende a necesidades que no se han regulado (y que
urgen), como lo es la transparencia por parte de las plataformas con nosotros,
los usuarios, respecto a la clasificación de nuestros datos. De aprobarse la
iniciativa, el IFT encarnaría al Ministerio de la Verdad que describió George
Orwell en su libro 1984.[2]
[1] Disponible en: https://ricardomonrealavila.com/wp-content/uploads/2021/02/REDES-SOCIALES-Propuesta-Iniciativa-29.01.21.pdf
[2] Dicho Ministerio se encargaba de controlar la verdad absoluta
mediante el control de los medios de comunicación, libros educativos, noticias,
etc.
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